noviembre 20, 2026

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En el recurso interpuesto por don F. C. D., abogado, en nombre y representación de doña S. M. G. T., contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Arona, doña Cristina Colorado Casado de Amezúa, por la que se suspende la inscripción de una sentencia declarativa de dominio de parte de finca registral.

Hechos

I

En sentencia firme, dictada el día 5 de mayo de 2025 por la magistrada-juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona, doña Sofía Román Llamos, en el procedimiento de juicio verbal número 872/2023, seguido contra don F. J. G. R., se declaraba el dominio de la actora, doña S. M. G. T., de una parte de terreno de 875 metros cuadrados en el término municipal de Arona, que formaba parte de la finca registral inscrita con el número 27.890 de Arona, y se acordaba la segregación de dicha finca y su inscripción en el Registro de la Propiedad.

II

Presentado testimonio de dicha sentencia en el Registro de la Propiedad de Arona, en unión de otra documentación, fue objeto de la siguiente nota de calificación:

«Hechos.

9560/2026. F. C. D. presenta a las nueve horas y dieciocho minutos, un Mandamiento en unión Diligencia expedido y firmado electrónicamente el treinta y uno de julio del año dos mil veinticinco por la Letrado de la Administración de Justicia, doña S. A. V., del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona, relativo a la sentencia de fecha cinco de mayo del año dos mil veinticinco, derivados de Autos de Juicio de Procedimiento de Juicio Verbal número 872/2023, por la que se estima la demanda interpuesta por S. M. G. T., contra F. J. G. R., declarando a S., titular del pleno dominio, en calidad de propietaria, de un Trozo de terreno en Arona, denominado (…) que mide 875 m2, y que linda por todas sus vertientes de acuerdo con el Registro, con finca de la que se segrega, propiedad de A. H. O., y se declara que la descrita finca, forma parte de la finca registral número 27890 de Arona, acordándose la segregación de ésta última referida finca de la finca arriba descrita, solicitando la inscripción en el Registro de La Propiedad de la mencionada finca segregada. Se acompaña Testimonio expedido y firmado electrónicamente el día dieciséis de abril del año dos mil veintiuno por la Letrado de la Administración de Justicia, Doña M. J. M. R., del Juzgado de Primera Instancia n º 4 de Arona, relativo a la Sentencia de fecha doce de Abril del año dos mil diecinueve, derivados de Autos de Juicio de Procedimiento de Juicio Verbal número 913/2018, a Instancias de S. M. G. T. contra A. H. O. y M. P. V. G., Resolución n.º 3608/17 de fecha veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete expedida por el Ayuntamiento de Arona y testimoniada por el Notario de Arona-Los Cristianos, Don Juan Pablo Samaniego Loarte el día veinte de noviembre del año dos mil veinticinco, escritura de Consentimiento otorgada el día tres de marzo del año dos mil veintidós, ante el Notario de Arona-Los Cristianos, Don Juan Pablo Samaniego Loarte, bajo el número 782 de protocolo/2022 de protocolo, informe de validación gráfica, certificación catastral, certificado de superficie y georreferenciación y pendrive.

Fundamentos de Derecho.

Vistos los artículos 18 y 20 de la Ley Hipotecaria; 98 del Reglamento Hipotecario;

Es necesario el consentimiento de todos y cada uno de los demás propietarios de la finca registral 27890 de Arona. En concreto, falta el consentimiento de los cónyuges Don B. G. M. R. y Doña M. A. M.

Se suspende por tanto la inscripción/anotación solicitada por defecto subsanable.

El presente acto no es definitivo en vía administrativa.

La presente calificación negativa determina la prórroga del asiento de presentación por el plazo que señala el artículo 323.1.º de la Ley Hipotecaria.

Contra la presente nota podrá (…).

Arona, Los Cristianos. Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Cristina Colorado Casado de Amezúa registrador/a titular de Registro de Arona a día veintitrés de abril del dos mil veintiséis.»

III

Contra la anterior nota de calificación, don F. C. D., abogado, en nombre y representación de doña S. M. G. T., interpuso recurso el día 14 de mayo de 2026 alegando lo siguiente:

«Antecedentes.

Primero. Seguidos ante la Plaza número Uno del Tribunal de Instancia de Arona –antes Juzgado de Primera Instancia número 1–, autos de Juicio Verbal 872/2023, Pieza de medidas cautelares– 01, recayó en las actuaciones auto de fecha 27 de septiembre de 2023 por el que se acuerda estimar íntegramente la solicitud de medida cautelar presentada por el procurador de los tribunales don M. A. A. H., en nombre y representación de doña S. M. G. T. contra don F. J. G. R. y, en consecuencia, se acuerda la medida cautelar de anotación preventiva de demanda en el Registro de la Propiedad de Arona, al margen del asiento de la finca número 27.890, inscrita al folio 160 del libro 279 de Arona, tomo 748 (…).

Segundo. Tomada razón de la resolución expresada fue solicitada su inscripción en el Registro de la Propiedad de Arona por el Procurador de los Tribunales don M. A A. H. en fecha 15/01/2024, así como suspendida calificación en fecha 01 de febrero de 2024, aportada documentación requerida el 12 de febrero de 2024, aportada, y el 27 de marzo de 2024, y el 19 de abril de 2024, con suspensión por previo en fecha 08 de mayo de 2024, prorrogado el 13 de mayo de 2024, aportada documentación el 5 de diciembre de 2024, y definitivamente subsanada en fecha 26 de diciembre de 2024, hasta la emisión de calificación favorable que dio lugar a la anotación en fecha dos de enero de dos mil veinticinco, comunicada por nota de calificación (…).

Tercero. Que, recayó sentencia en el Juicio Verbal 872/2023 antes expresado, por la que se acuerda, estimar la demanda interpuesta por doña S. M. G. T., representada por el procurador don M. A. A. H., frente a don F. J. G. R., representado por el procurador doña M. C. R. M. y en consecuencia, 1. declara a doña S. M. G. T., titular del pleno dominio, en calidad de propietaria del siguiente inmueble: Trozo de terreno en el término municipal de Arona, denominado por (…) que mide 875 m2, que linda por todas sus vertientes de acuerdo con el Registro, con finca de la que se segrega, propiedad de don A. H. O. 2. Declara que dicha finca descrita, forma parte de la finca registral inscrita con el número 27.890, folio 160, libro 279, tomo 748. 3. Acuerda la segregación de la finca descrita con el número 27890 folio 160, del libro 279, tomo 748 de la finca anteriormente descrita en el número 1 anterior. 4. Acuerda la inscripción en el Registro de la Propiedad de la finca segregada descrita en el numero 1 anterior.

Tercero [sic]. Librado mandamiento por la Letrada de la Administración de Justicia al principio expresado, resultó denegada la inscripción por la nota de calificación objeto del presente recurso por, según se expresa, ser necesario el consentimiento de todos y cada uno de los demás propietarios de la finca registral 27890 de Arona. En concreto, falta el consentimiento de los cónyuges Don B. G. M. R. y Doña Y. A. M.

Tuvo acceso por su inscripción el título de los cónyuges Don B. G. M. R. y Doña Y. A. M., al Registro de la Propiedad, en fecha 27 de diciembre de 2024, once meses después de la presentación en el Registro de la Propiedad del mandamiento para la anotación preventiva de demanda.

Se articula el presente en atención a los siguientes,

Motivos de recurso.

Primero. Vulnera el criterio de la nota de calificación el principio prioridad registral que preconiza el artículo 17 de la Ley Hipotecaria, entendido como la prelación jerárquica de unos asientos registrales frente a otros posteriores.

Titular don F. J. G. R. –demandado en la causa judicial de que dimana el mandamiento con el que se accede a la anotación preventiva de demanda– en fecha 15/01/2024, cuando accede el mandamiento judicial al Registro, del 16,4706% del dominio de la finca 27890, cuota de la que procede el 8,8235% cuya propiedad se atribuye a los cónyuges Don B. G. M. R y Doña Y. A. M. quienes acceden al registro el 27 de diciembre de 2024; inscrita que fue definitivamente la anotación preventiva de demanda, vigente desde el asiento de presentación, deben los adquirentes con acceso posterior al Registro de la Propiedad estar y pasar por lo acordado en el procedimiento judicial de que dimana el mandamiento, a saber, por la declaración de dominio sobre la parcela que la sentencia describe, así como por la segregación de la misma de la finca 27890, sin que se vea alterada con la operación su cuota de participación en el dominio de la registral dicha.

Segundo. Sostiene la jurisprudencia y doctrina, de los Tribunales y Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en relación con lo anterior que:

Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 18 Nov. 1993, Rec. 916/1991.

“La anotación de demanda tiene un doble contenido, el procesal conforme al cual se asegura que la sentencia que en su día recaiga tendrá la misma eficacia que si se hubiere dictado ya el día de la presentación de la demanda, mereciendo por esto la calificación de medida cautelar, y el contenido sustantivo a través del cual se consigue la ventaja que proporciona el principio de prioridad registral para el caso también de obtener resolución favorable a la modificación tabular… La anotación de demanda no produce cierre registral, como ya destacó la DGRN en su R 4 Jul. 1919, puesto que los derechos a que se refiere pueden ser objeto de transmisiones aunque, como se ha dicho, subordinadas al resultado del proceso y efectos de la anotación pendiente. Así lo disponen el art. 71 LH conforme al cual los bienes inmuebles y derechos reales anotados podrán ser enajenados pero sin perjuicio de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación, el art. 76 RH según el cual la anotación preventiva puede convertirse en inscripción cuando la persona a cuyo favor estuviere constituida adquiera definitivamente el derecho y el art. 198 del mismo Reglamento conforme al cual, tomada la anotación de demanda, si ésta prosperase en virtud de sentencia firme se practicarán las inscripciones o cancelaciones que se ordenen en ésta.”

Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGRN), Resolución de 24 Oct. 1997.

“…la Audiencia Territorial de Barcelona, en Auto de 28 de junio de 1972, expresamente viene a determinar el efecto de la anotación preventiva de demanda, en cuya virtud importantes tratadistas afirman que el efecto propio de dicha anotación es asegurar la retroactividad de la sentencia que recaiga en el litigio, llevando su eficacia hasta la fecha de la anotación. Que es reiterada la jurisprudencia sobre los efectos de la anotación preventiva de demanda, así cabe citar las Resoluciones de 19 de enero de 1897, 23 de julio de 1910, 4 de noviembre de 1916, 30 de mayo de 1934 y 29 de octubre de 1946.”

Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 1.ª, Auto de 19 May. 1998, Rec. 103211997.

“…establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 noviembre 1993 (RJ 19939149) que la anotación de demanda tiene un contenido procesal ‘conforme al cual se asegura que la sentencia que en su día recaiga tendrá la misma eficacia que si se hubiere dictado ya el día de la presentación de la demanda, mereciendo por esto la calificación de medida cautelar’. Asimismo, en dicha sentencia se dispone que la anotación ‘no produce cierre registral, como ya destacó la Dirección General de los Registros en su Resolución de 4 julio 1919, puesto que los derechos a que se refiere pueden ser objeto de transmisiones aunque, como se ha dicho, subordinadas al resultado del proceso y efectos de la anotación pendiente’.”.

Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGRN), Resolución de 24 Oct. 1997.

“La anotación preventiva de demanda, aun cuando la acción ejercitada no sea estrictamente real sino una acción personal dirigida a provocar una mutación jurídico-real, determina la supeditación al resultado del pleito y con plena eficacia erga omnes de los actos dispositivos que posteriormente otorgue el demandado (cfr. arts. 71 y 107.9 LH), de modo que la eficacia de la eventual sentencia estimatoria no podrá ser obstaculizada por la posible existencia de adquirentes posteriores del bien litigioso, quienes, sobre no gozar por efecto de la anotación del juego protector de la fe pública registral (cfr. art. 34 LH), quedan vinculados por aquella sentencia en los mismos términos que su transmitente (cfr. arts. 1262 CC y 9.4 LEC). De ahí que se haya señalado por el Tribunal Supremo que, en virtud de esa anotación, la sentencia que en su día recaiga tendrá la misma eficacia que si hubiera sido dictada el día en que se practica la anotación que anticipa así la prioridad registral favorable a la modificación tabular (Sentencia 18 de noviembre 1993)”.

Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGRN), Resolución de 28 Abr. 2002.

“La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera instancia número 6 de Getafe, informó: Que efectivamente la finalidad de la anotación preventiva de demanda no es sino evitar que pueda impedirse la ejecución de la sentencia que pueda recaer en su caso y ello, y dado el carácter cautelar de la medida, sin entrar a considerar el posible éxito de la acción ejercitada más allá de una somera valoración de la ‘apariencia de buen derecho’ deducible de las alegaciones contenidas en la demanda y documentos aportados con la misma.

…Siendo doctrina reiterada de este Centro Directivo, que el artículo 42.1.º de la Ley Hipotecaria ha de interpretarse en el sentido de entender incluidas en su ámbito de aplicación todas aquellas demandas que, de prosperar, producirían una alteración de la situación jurídica que el Registro publica, a fin de garantizar en et asiento registral la efectividad del pronunciamiento judicial que en su día se dicte.”

En mérito de cuanto antecede,

Solicito: Que, teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, por realizadas las manifestaciones que en el mismo se contienen, por interpuesto contra nota de calificación de fecha veintitrés de abril del dos mil veintiséis al principio expresada recurso gubernativo para, estimándolo revocarla, disponiendo haber lugar a la inscripción del mandamiento de fecha treinta y uno de julio del año dos mil veinticinco librado por la Letrado de la Administración de Justicia, Doña Sara Argente Vicente, del Juzgado De Primera Instancia número 1 de Arona, y subsanaciones posteriores.»

IV

La registradora de la Propiedad emitió informe ratificando su nota de calificación en todos los extremos y elevó el expediente a esta Dirección General.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 1, 17, 18, 20, 34, 38, 40, 42 y 70 de la Ley Hipotecaria; 100 y 198 del Reglamento Hipotecario; la Sentencia del Tribunal Constitucional número 266/2015, de 14 de diciembre; las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2013 y de, Sala Primera, 22 de septiembre de 2008, 21 de octubre de 2013 y 7 de julio y 21 de noviembre de 2017; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 14 de octubre de 2005, 16 de agosto de 2010 y 14 de diciembre 2018, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 16 de noviembre de 2022 y 10 de enero, 1 de abril, 4 de junio y 16 de octubre de 2025.

1. El presente recurso tiene por objeto la negativa de la registradora a inscribir una sentencia declarativa de dominio de parte de finca registral, por falta de intervención o consentimiento de todos los titulares registrales de la finca matriz.

Son hechos relevantes para la resolución de este expediente los siguientes:

a) don F. J. G. R., quien era titular registral del 16,4706% de la finca 27.890 de Arona según la inscripción 7.ª, vendió una participación indivisa de 8,8235% a los cónyuges don B. G. M. R. y doña Y. A. M., en virtud de escritura otorgada el día 23 de octubre de 2023, presentada el día 30 de octubre de 2023, causando la inscripción 9.ª de fecha 27 de diciembre de 2024. En consecuencia, el referido don F. J. G. R. quedó como titular de una participación de 7,6471% de la finca.

b) posteriormente, con fecha 2 de enero de 2025, se tomó sobre la misma finca anotación preventiva de demanda de medida cautelar letra «A» sobre la participación indivisa de 7,6471% perteneciente al demandado, don F. J. G. R., a favor de doña S. M. G. T., en virtud de mandamiento expedido el día 8 de enero de 2024, por la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 1, por sustitución, de Arona, en el procedimiento de juicio verbal número 872/2023, presentado telemáticamente el día 15 de enero de 2024, denegándose la anotación respecto de las participaciones restantes de la finca «por figurar inscritas a nombre de personas distintas del demandado en el procedimiento».

c) finalmente, con fecha 10 de abril de 2026, fue presentado en el Registro de la Propiedad mandamiento expedido el día 31 de julio de 2025 por la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 1, por sustitución, de Arona, dimanante de los referidos autos de juicio verbal número 872/2023, del que resulta testimonio de la sentencia dictada el día 5 de mayo de 2025, recaída en el procedimiento seguido a instancia de doña S. M. G. T. contra don F. J. G. R., por la que se estima la demanda y se declara a la actora titular del pleno dominio de una porción de terreno de 875 metros cuadrados, sita el término municipal de Arona. Se declara, asimismo, que dicha porción de terreno forma parte de la finca registral inscrita con el número 27.890 de Arona, acordándose la segregación de la misma y su inscripción en el Registro de la Propiedad.

La registradora considera que la sentencia cuya inscripción se pretende implica, materialmente, la individualización y atribución exclusiva de una concreta porción de terreno dentro de una finca en pro indiviso, equivalente a una división material o segregación de hecho, siendo necesario, conforme al principio de tracto sucesivo, el consentimiento o intervención de todos los titulares registrales de la finca, en particular de los cónyuges don B. G. M. R. y doña Y. A. M.

La parte recurrente sostiene que habiendo inscrito su adquisición los citados cónyuges con posterioridad a la presentación del mandamiento que ordenaba la anotación preventiva de demanda, deben éstos quedar vinculados por el resultado del procedimiento, en virtud del principio de prioridad registral consagrado en el artículo 17 de la Ley Hipotecaria.

2. A la luz de los hechos y circunstancias que se han hecho constar y que resultan del expediente resulta que el recurso no puede prosperar.

El principio de tracto sucesivo, consagrado en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, impone que, para inscribir actos declarativos, constitutivos, modificativos o extintivos del dominio o de los derechos constituidos sobre el mismo, dichos actos deberán estar otorgados por los titulares registrales, ya sea por su participación voluntaria en ellos, ya por decidirse en una resolución judicial dictada contra los mencionados titulares registrales (artículo 82 de la Ley Hipotecaria), alternativa esta última que no hace sino desenvolver en el ámbito registral el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución española) y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria).

Este principio deriva a su vez de la legitimación registral pues si conforme al artículo 38 de la Ley Hipotecaria la inscripción implica una presunción «iuris tantum» de exactitud de los pronunciamientos del Registro a todos los efectos legales en beneficio del titular registral, el efecto subsiguiente es el cierre del Registro a los títulos otorgados en procedimientos seguidos con persona distinta de dicho titular o sus herederos, y que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro del ámbito de calificación de documentos judiciales contemplado en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario.

Así pues, para que sea viable la inscripción, los bienes objeto de la resolución judicial deben constar inscritos, al tiempo del asiento de presentación, a favor de los demandados y faltando esta premisa no cabe sino denegar la inscripción, salvo que se hubiese tomado la anotación preventiva a que hace referencia el artículo 42, primero, de la Ley Hipotecaria.

3. Efectivamente, las alegaciones de la parte recurrente se fundan en la constancia en el Registro de la Propiedad de la anotación preventiva de demanda y en el principio de prioridad registral, alegaciones que no pueden ser acogidas.

Es cierto, como reiteradamente ha señalado este Centro Directivo y ha declarado el Tribunal Supremo (vid., por todas, Sentencia número 828/2008, de 22 de septiembre), que «La anotación preventiva de demanda (artículo 42.1.º LH) tiene por objeto el dar a conocer, mediante la publicidad de que gozan los asientos registrales, la existencia de un proceso pendiente que pueda afectar a algún derecho real que con anterioridad haya accedido al Registro, todo ello con la finalidad de evitar que la realización de ulteriores actos o negocios sobre dicho derecho puedan desembocar en el traspaso de su titularidad a un tercero en quien concurran todas las exigencias de los principios de buena fe (art. 34 LH) y legitimación (art. 38 LH) registrales, con la consiguiente producción de los radicales efectos de irreivindicabilidad anudados a tal posición jurídica».

Ahora bien, la anotación preventiva de demanda únicamente priva de la protección derivada de la fe pública registral a quienes adquieran del demandado con posterioridad a dicha anotación y sus efectos únicamente alcanzan al derecho o participación sobre la que la anotación preventiva haya sido efectivamente practicada.

En el supuesto de este expediente, aunque la inscripción de la adquisición a favor de los cónyuges don B. G. M. R. y doña Y. A. M. fue practicada el día 27 de diciembre de 2024, dicha inscripción trae causa del asiento de presentación extendido el día 30 de octubre de 2023. Y conforme al artículo 24 de la Ley Hipotecaria, los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha del asiento de presentación, por lo que, a efectos del principio de prioridad, la adquisición de dichos titulares debe reputarse anterior a la presentación del mandamiento que dio lugar a la anotación preventiva de demanda, efectuada el día 15 de enero de 2024.

No cabe, por ello, sostener que se trate de adquirentes posteriores afectados por la eficacia de la anotación preventiva, pues, desde la perspectiva registral, su derecho goza de prioridad respecto de ésta. Pero es que, aun cuando no fuera así, el resultado no sería diferente, pues la anotación preventiva únicamente se practicó sobre la participación indivisa correspondiente al demandado, denegándose expresamente respecto del resto de las cuotas de la finca por aparecer inscritas a favor de personas distintas de aquél. En consecuencia, la anotación no ha podido producir efecto alguno respecto de la participación perteneciente a los citados cónyuges, cuyos derechos permanecen íntegramente amparados por los principios de legitimación y tracto sucesivo.

4. Finalmente, no puede desconocerse, como advierte la registradora en su informe, que la sentencia cuya inscripción se pretende no se limita a declarar el dominio sobre una cuota indivisa, sino que identifica una concreta porción física del terreno y al afectar al contenido del derecho de todos los comuneros, no puede acceder al Registro sin el consentimiento o intervención procesal de todos los titulares registrales de la finca.

En consecuencia, siendo los cónyuges don B. G. M. R. y doña Y. A. M. titulares registrales de una participación indivisa de la finca afectada y no habiendo intervenido en el procedimiento del que dimana la sentencia cuya inscripción se pretende, ni resultando sus derechos afectados por la anotación preventiva de demanda invocada por el recurrente, la calificación registral debe ser confirmada.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la nota de calificación de la registradora.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 30 de julio de 2026.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez.

Source

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Privacidad y cookies
Copyright Notarias.eu 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram