abril 9, 2025

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Conforme a lo establecido en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, esta Dirección General ha acordado publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el fallo de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid, de fecha 10 de febrero de 2020, que ha devenido firme, por la que se estiman las pretensiones de la parte actora contenidas en su escrito de demanda contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 14 de septiembre de 2018 (2.ª).

En los autos de juicio verbal número 50/2018, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid, a instancias de la entidad «Iranzo Servicios Inmobiliarios, S.L.», representada por la procuradora de los tribunales, doña S. R. C. R., y asistida por la letrada, doña M. E. A., contra la Dirección General de los Registros y del Notariado, representada por la Abogacía del Estado, solicitando se dejase sin efecto la Resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado de fecha 14 de septiembre de 2018 (2.ª), se ha dictado sentencia, en fecha 10 de febrero de 2020, que contiene el siguiente

FALLO

«Estimar la demanda presentada por la Procuradora doña S. R. C. R. en representación de Iranzo Servicios Inmobiliarios, S.L. contra la resolución de 14 de septiembre de 2018 (BOE 3 de octubre de 2018) por la que suspendió la inscripción del testimonio de una sentencia dictada en procedimiento ordinario ordenando la cancelación de determinadas inscripciones. En consecuencia, se deja sin efecto la resolución y, en su lugar se acuerda la cancelación de la inscripción 9.ª de la finca 19.514 y la cancelación de la inscripción 9.ª de la finca 19.515, ambas fincas inscritas en el Registro de la Propiedad núm. 29 de Madrid.

No se hace imposición de costas derivadas del juicio».

Así por esta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.–Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid.

Madrid, 21 de marzo de 2025.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez

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