Conforme a lo establecido en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, esta Dirección General ha acordado publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el fallo de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, de fecha 17 de marzo de 2020, que ha devenido firme, por la que se estiman las pretensiones de la parte actora contenidas en su escrito de demanda contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 1 de julio de 2016.
En los autos de juicio verbal número 658/2016, seguidos en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, a instancias de la sociedad «Promociones Almonte 2000, SL», representada por el procurador de los tribunales, don A. A. G. N. A. P., contra la Dirección General de los Registros y del Notariado, representada por la Abogacía del Estado, solicitando se dejase sin efecto la Resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado de 1 de julio de 2016, se ha dictado sentencia, en fecha 17 de marzo de 2020, que contiene el siguiente fallo:
«Estimo la demanda interpuesta por la presentación procesal de Promociones Almonte 2000, SL contra Dirección General de los Registros y del Notariado, por lo que revoco Resolución de 1 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XIX de Madrid a inscribir una escritura de traslado de domicilio de una sociedad de responsabilidad limitada, y acuerdo la inscripción del traslado de domicilio social adoptado en consejo de 24 de setiembre de 2015, con expresa imposición de costas a la parte demandada.
Desestimo la demanda interpuesta por Promociones Almonte 2000, SL contra Manuel Álvarez Gómez, Registrador del Registro Mercantil de Madrid n.º XIX, con expresa condena en costas de la parte actora.»
Por esta mi sentencia, así lo acuerdo, mando y firmo.–Don Juan Carlos Picazo Menéndez, magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid.1.
Madrid, 18 de diciembre de 2024.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez.
