febrero 9, 2025

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Conforme a lo establecido en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, esta Dirección General ha acordado publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el fallo de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid, de fecha 26 de abril de 2016, que ha devenido firme, por la que se estiman las pretensiones de la parte actora contenidas en su escrito de demanda contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 16 de abril de 2015 (1.ª).

En los autos de juicio verbal número 429/2015, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid, a instancias de don J. I. B. B., representada por el procurador de los tribunales, don A. G. M., contra la Dirección General de los Registros y del Notariado, representada por la Abogacía del Estado, solicitando se dejase sin efecto la Resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado de 16 de abril de 2015 (1.ª), se ha dictado sentencia, en fecha 26 de abril de 2016, que contiene el siguiente fallo:

FALLO

«Debo estimar y estimo la demanda presentada por el Procurador D. A. G. M., en nombre y representación de don J. I. B. B. contra la Resolución de fecha 16 de abril de 2015 de la Dirección General de Registros y del Notariado, que desestima el recurso gubernativo interpuesto contra calificación del Registrador de la Propiedad número 1 de las Rozas de fecha 15 de diciembre de 2014, dejando sin efecto la resolución de la Dirección General de Registros y Notariados [sic] de 16 de abril de 2015, por no ser ajustada a Derecho, ordenando la cancelación de la inscripción 4.ª de la finca registral 28.413 del Registro de la Propiedad n.º 1 de Las Rozas de Madrid, quedando vigente la inscripción 3.ª y condenando a la parte demandada a las costas del proceso.»

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Doña Míriam Iglesias García-Villar, magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid.

Madrid, 12 de diciembre de 2024.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez.

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