En el recurso interpuesto por doña María Isabel Menéndez-Valdés Tauroni, notaria de Valencia, contra la negativa de la registradora de la Propiedad de Valencia número 14, doña María Lourdes Martínez del Amo Ruiz, a inscribir una escritura de manifestación y adjudicación de herencia.
Hechos
I
Se autorizó el día 23 de octubre de 2025, ante la notaria de Valencia, doña María Isabel Menéndez-Valdés Tauroni, con el número 1.309 de protocolo, escritura de manifestación y adjudicación de herencia. En ella comparecieron la heredera instituida, doña M. S. R., viuda del causante, representada por su guardador de hecho, y los dos únicos hijos del causante, don J. A. y doña L. M. R. S. Todos los otorgantes reconocieron la preterición absolutamente errónea de los dos hijos.
De la referida escritura resulta lo siguiente:
a) que don J. A. R. S. intervenía, además de en su propio nombre y derecho, como guardador de hecho de su madre, condición reconocida a estos efectos en el auto número 674/2025, dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 28 de Valencia, por el que se aprobaba la partición de la herencia objeto de la escritura.
b) que el causante ordenó su última voluntad, cuando carecía de descendientes, en testamento abierto otorgado el día 19 de febrero de 1970 ante el notario de Valencia don Ramón Herrán de Las Pozas, con el número 816 de protocolo. En dicho testamento, en síntesis, legó a sus padres lo que por legítima les correspondiera, en el supuesto de que le sobrevivieran, e instituyó heredera única y universal de todos sus bienes, créditos, derechos y acciones, presentes y futuros, a su esposa, doña M. S. R.
c) que, con posterioridad al otorgamiento del citado testamento –único según el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad–, el causante tuvo, de su único matrimonio, dos hijos: los comparecientes don J. A. y doña L. M. R. S.
d) que, habiéndose extraviado el Libro de Familia, se tramitó ante la notaria de Valencia, doña María Isabel Menéndez-Valdés Tauroni, un acta de notoriedad, iniciada el día 24 de abril de 2025, con el número 490 de protocolo, con el fin de declarar que los dos hijos comparecientes eran los únicos hijos y legitimarios del causante. Se incorporó a la citada escritura de manifestación y adjudicación de herencia copia autorizada de dicha acta.
e) que los dos hijos comparecientes, de común acuerdo, reconocían la preterición absolutamente errónea de la disposición testamentaria paterna, en cuanto a sus derechos. Tras acreditar su condición de hijos del causante y con fundamento en el inciso final del artículo 814 del Código Civil –«a salvo las legítimas tendrá preferencia en todo caso lo ordenado por el testador»–, consentían expresamente, una vez practicada la liquidación de la sociedad de gananciales y adjudicada a la viuda la mitad indivisa de todos y cada uno de los bienes gananciales, en mantener lo ordenado por su difunto padre en el indicado testamento. En consecuencia, a los hijos se les adjudicaban las dos terceras partes de los bienes que integraban el caudal hereditario, en pago de sus derechos legitimarios, y a la viuda, instituida heredera, se le adjudicaba, con cargo al tercio de libre disposición, la tercera parte restante.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Valencia número 14, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Previo el examen de la escritura de partición de herencia autorizada por la Notario de Valencia doña María Isabel Menéndez-Valdés Tauroni el día 23 de octubre de 2025, en unión de acta de notoriedad de la misma notario de fecha 24 de abril de 2025 por la que se declara la notoriedad de que los dos hijos del causante comparecientes en la escritura de partición son los dos únicos hijos, y por tanto legitimarios del causante, practicado en este Registro de la Propiedad de Valencia número Catorce, de conformidad con Lo dispuesto en los artículos 18 y demás aplicables de la Ley hipotecaria, se acuerda suspender su inscripción, en base a los siguientes:
Hechos y Fundamentos de Derecho.
El causante otorgó su único testamento el día 19 de febrero de 1970 ante el Notario de Valencia don Ramón Herrán de las Pozas el día 19 de febrero de 1970 cuando carecía de descendientes, en el cual en síntesis legó a sus padres Lo que por legítima le correspondiera, en caso de sobrevivirle, y nombró por su única y universal heredera a su esposa doña M. S. R. Con posterioridad a la fecha del otorgamiento del testamento el causante, de su único matrimonio contraído, tuvo dos hijos, mayores de edad a la fecha del fallecimiento del causante. Extraviado el Libro de Familia se ha tramitado la citada acta de notoriedad por la que se declara la notoriedad de que los dos hijos del causante comparecientes en la escritura de partición son los dos únicos hijos, y por tanto legitimarios del causante.
Se trata conforme a lo expuesto de un caso de preterición de todos los herederos forzosos regulado en el artículo 814 del Código Civil, y tal y como se expresa en la escritura “los dos hijos reconocen la preterición absolutamente errónea de las disposiciones testamentarias paternas”
Si resultase aplicable el apartado 1 del artículo 814 del Código Civil, o sea si resultasen preteridos todos “Se anularán las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial” y por tanto tendría lugar la sucesión legítima conforme al artículo 912, apartado 1 del Código Civil y por tanto serían herederos los hijos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 930 del Código Civil, a parte del derecho del cónyuge a la cuota vidual el usufructo del tercio destinado a mejora. (art. 834 del Código Civil). En la escritura de partición se adjudica al cónyuge viudo el tercio de libre disposición con lo cual hay un exceso de adjudicación en relación a lo dispuesto en el artículo 834 del CC, siendo que tal exceso no lo sería a título de herencia sino de donación.
Y si resultase aplicable, tal y como sostiene la Notario, el último párrafo del artículo 814 “a salvo de las legítimas, tendría preferencia Lo ordenado por el testador”, correspondería entonces al cónyuge viudo, el tercio de libre disposición a título de herencia más el usufructo del tercio de mejora, existiendo pues en la adjudicación hecha en la escritura, un defecto de adjudicación.
Falta además acta de declaración de herederos (art 14 LH).
De acuerdo con los citados hechos y fundamentos de derechos acuerdo suspender la inscripción por el citado motivo de no corresponderse la adjudicación hecha a la viuda con ninguno de los supuestos contemplados en el Código Civil además de faltar la citada acta de declaración de herederos.
Contra la presente calificación negativa (…)».
III
Contra la anterior nota de calificación, doña María Isabel Menéndez-Valdés Tauroni, notaria de Valencia, interpuso recurso el día 27 de mayo de 2026 alegando lo siguiente:
«Primera. La primera cuestión planteada por la Señora Registradora: “Si resultase aplicable el apartado 1 del artículo 814 del Código Civil…en la escritura de partición se adjudica el cónyuge viudo el tercio de libre disposición con lo cual hay un exceso de adjudicación en relación a lo dispuesto en el artículo 834 del CC, siendo que tal exceso no lo sería a título de herencia sino de donación…”
Si se hubiera optado por aplicar el apartado 1 del artículo 814 del CC, la solución habría sido muy diferente a la desarrollada en la escritura; hubiera supuesto la apertura de la sucesión intestada conforme al artículo 912.1.º CC, y los hijos habrían heredado conforme a lo dispuesto en los artículos 930 y siguientes del CC. La viuda habría recibido conforme al artículo 834 CC el usufructo del tercio destinado a la mejora.
En la mencionada escritura no se ha desarrollado esa opción, por lo que no ha lugar plantear el posible exceso de adjudicación/donación.
Reconociendo los dos hijos la preterición absolutamente errónea de la disposición testamentaria paterna, en cuanto a sus derechos, y amparándose en el inciso final del artículo 814 del Código Civil “A salvo las legítimas tendrá preferencia en todo caso lo ordenado por el testador,” acordaron mantener la eficacia del testamento y se adjudicaron dos tercios de la herencia, como corresponde a sus derechos legitimarios, y reconocieron la atribución del tercio de libre disposición para su madre, doña M. S. R. Prefiriendo dicha adjudicación antes que anular el testamento, conforme hubiera ocurrido de aplicar el número 1) del artículo 814 del Código Civil: “1.º Si resultaren preteridos todos, se anularán las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial…”
Padeciendo doña M. S. R., esposa del causante y madre de los interesados, una patología psíquica que le impide el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, se presentó, por don J. A. R. S., guardador de hecho de la discapaz, borrador de la mencionada escritura de manifestación y adjudicación de la herencia, al Juzgado de Primera Instancia núm. 28 de Valencia. Se dio traslado del Expediente al Ministerio Fiscal, quien emitió informe en fecha 17/07/2025, en el sentido de no oponerse a la aprobación interesada; y en Auto núm. 674/25, de fecha 28 de julio de 2.025 se otorgó la autorización interesada, por resultar “la partición hereditaria propuesta equitativa y ajustada a la cuota sucesoria correspondiente al incapaz… en su realización se ha salvaguardado los intereses de la persona discapacitada…”
Obtenida la autorización judicial, se otorgó la Escritura relacionada, el día 23 de octubre de 2.025.
Segundo. En relación al segundo defecto invocado por la Señora Registradora: “Y si resultase aplicable, tal y como sostiene la Notario, el último párrafo del artículo 814… correspondería entonces al cónyuge viudo, el tercio de libre disposición a título de herencia más el usufructo del tercio de mejora, existiendo pues en la adjudicación hecha en la escritura, un defecto de adjudicación…”
Como se ha indicado anteriormente, aplicando el párrafo último del artículo 814 CC, los hijos del causante, por sí y en la representación de su madre aprobada judicialmente, acuerdan mantener la voluntad del testador, pero con el límite que constituye sus legítimas, conforme establece el artículo 763.2 CC; salvado ese límite voluntariamente dan preferencia “en todo caso” a la voluntad del testador.
Conforme al artículo 1.058 CC “Cuando el testador no hubiese hecho la partición, ni encomendado a otro esta facultad, si los herederos fueren mayores y tuvieren la libre administración de sus bienes, podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente”.
Conforme a lo indicado, los señores R. S., contando con la aprobación judicial, distribuyen la herencia de la manera que tienen por conveniente, respetando la voluntad de su padre y recibiendo sus legítimas; y no cabe inferir de ese acuerdo, que se trate de una transacción, a efectos fiscales, pues según el artículo 1809: “La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”. Hay acuerdo unánime entre todos interesados en la partición, los presentes y su madre representada. Y en la adjudicación que se hace a su madre, muy superior a lo que le habría; correspondido de haber recibido solo su cuota legal, debe entenderse incluida en el tercio de libre disposición dicha cuota legal.
Tercero. En cuanto al tercer defecto señalado: “Falta además acta de declaración de herederos (art 14 LH)”.
Entendemos que no ha lugar a la declaración de herederos; la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en la Resolución del 4 de mayo de 1999, ha admitido que si los herederos están de acuerdo con el preterido erróneamente en atribuirle su parte no será necesario que la preterición se declare judicialmente, ni que se proceda a otorgar la correspondiente declaración de herederos ab intestato bastando con que concurran todos los herederos junto con el preterido a la partición en la que se atribuirá al preterido su legítima.
Como se ha indicado con anterioridad, se ha mantenido la eficacia del testamento y, en la partición practicada se reúne el consentimiento expreso de todos los interesados en la misma.
La RDGN de 10 de septiembre de 2018 considera que “Como dispone el artículo 14 de la Ley Hipotecaria en su párrafo primero (modificado por la disposición final duodécima de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y por la disposición final primera de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil) el título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento… El testamento es un negocio jurídico que, en tanto que manifestación de la voluntad del causante, se constituye en ley de la sucesión (cfr. artículo 658 del Código Civil). El mismo, como título sustantivo de la sucesión hereditaria (cfr. artículo 14 de la Ley Hipotecaria) junto, en su caso, con el título especificativo o particional, serán los vehículos para que las atribuciones hereditarias sobre bienes o derechos concretos puedan acceder al Registro”.
Por otra parte, como dispone el artículo 56 de la Ley del Notariado:
“1. El requerimiento para la iniciación del acta deberá contener… En todo caso deberá acreditarse el fallecimiento del causante y que éste ocurrió sin título sucesorio mediante información del Registro Civil y del Registro General de Actos de Última Voluntad, o, en su caso, mediante documento auténtico del que resulte a juicio del Notario, indubitadamente, que, a pesar de la existencia de testamento o contrato sucesorio, procede la sucesión abintestato, o bien mediante sentencia firme que declare la invalidez del título sucesorio o de la institución de heredero. Los documentos presentados o testimonio de los mismos quedarán incorporados al acta”.
El fallecimiento del causante, como se ha indicado, no “ocurrió sin título sucesorio”, sino con un testamento que por voluntad de todos los interesados, ha mantenido su eficacia.
Por todo ello se solicita, que se tenga a bien admitir este recurso y ordenar, si procediera, que por la señora Registradora de la Propiedad número Catorce de Valencia se inscriba la escritura calificada».
IV
La registradora de la Propiedad mantuvo su nota de calificación y, en unión de su preceptivo informe, elevó el expediente al Centro Directivo para su resolución.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 3, 807, 814, 834, 912 y 931 del Código Civil; 14, 18 y 20 de la Ley Hipotecaria; las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1909, 7 de noviembre de 1935, 10 de diciembre de 2014 y 25 de septiembre de 2019; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de mayo de 1889, 30 de junio de 1910, 31 de enero de 1913, 10 de mayo de 1950, 14 agosto de 1959, 4 de mayo de 1999, 13 de septiembre de 2001 y 2 de agosto de 2018, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 28 de septiembre y 19 de noviembre de 2020, 28 de enero de 2021, 23 de noviembre de 2022, 27 de febrero de 2025 y 3 de marzo de 2026.
1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de manifestación y aceptación de herencia concurriendo las circunstancias siguientes:
Se autorizó el día 23 de octubre de 2025 ante la notaria de Valencia, doña María Isabel Menéndez-Valdés Tauroni, y bajo el número 1.309 de protocolo, una escritura de manifestación y adjudicación de herencia. En ella, comparecieron la heredera instituida, doña M. S. R., viuda del causante, representada por su guardador de hecho, y los dos únicos hijos del causante, don J. A. y don L. M. R. S. Todos los otorgantes reconocieron la preterición absolutamente errónea de los dos hijos.
De la referida escritura resulta lo siguiente:
– que don J. A. R. S. interviene, además de en su propio nombre y derecho, como guardador de hecho de su madre, condición reconocida a estos efectos en el auto número 674/2025, dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 28 de Valencia, por el que se aprueba la partición de la herencia objeto de la escritura.
– que el causante ordenó su última voluntad, cuando carecía de descendientes, en testamento abierto otorgado el día 19 de febrero de 1970 ante el notario de Valencia don Ramón Herrán de Las Pozas, con el número 816 de protocolo. En dicho testamento, en síntesis, legó a sus padres lo que por legítima les correspondiera, en el supuesto de que le sobrevivieran, e instituyó heredera única y universal de todos sus bienes, créditos, derechos y acciones, presentes y futuros, a su esposa, doña M. S. R.
– que, con posterioridad al otorgamiento del citado testamento –único según el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad–, el causante tuvo, de su único matrimonio, dos hijos: los comparecientes don J. A. y doña L. M. R. S.
– que, habiéndose extraviado el Libro de Familia, se tramitó ante la notaria de Valencia, doña María Isabel Menéndez-Valdés Tauroni, un acta de notoriedad, iniciada el día 24 de abril de 2025, con el número 490 de protocolo, con el fin de declarar que los dos hijos comparecientes eran los únicos hijos y legitimarios del causante. Se incorporó a la citada escritura de manifestación y adjudicación de herencia copia autorizada de dicha acta.
– que los dos hijos comparecientes, de común acuerdo, reconocen la preterición absolutamente errónea de la disposición testamentaria paterna, en cuanto a sus derechos. Tras acreditar su condición de hijos del causante y con fundamento en el inciso final del artículo 814 del Código Civil –«a salvo las legítimas tendrá preferencia en todo caso lo ordenado por el testador»–, consienten expresamente, una vez practicada la liquidación de la sociedad de gananciales y adjudicada a la viuda la mitad indivisa de todos y cada uno de los bienes gananciales, en mantener lo ordenado por su difunto padre en el indicado testamento. En consecuencia, a los hijos se les adjudican las dos terceras partes de los bienes que integran el caudal hereditario, en pago de sus derechos legitimarios, y a la viuda, instituida heredera, se le adjudica, con cargo al tercio de libre disposición, la tercera parte restante.
2. En síntesis, el presente recurso plantea dos cuestiones:
a) inscribibilidad de la partición hereditaria. Debe determinarse si es inscribible una partición hereditaria que, a juicio de la registradora de la Propiedad, no se acomoda a ninguno de los supuestos previstos en el Código Civil para la preterición intencional de todos los hijos y descendientes.
La registradora sostiene que, si resultara aplicable el apartado primero del artículo 814 del Código Civil –conforme al cual, cuando todos los legitimarios hayan sido preteridos, «se anularán las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial»–, se abriría la sucesión legítima de acuerdo con el artículo 912.1 del mismo Código. En tal caso, los hijos serían llamados como herederos, conforme al artículo 930 del Código Civil, sin perjuicio del derecho del cónyuge viudo al usufructo del tercio destinado a mejora, previsto en el artículo 834.
Desde esta premisa, la adjudicación al cónyuge viudo del tercio de libre disposición implicaría un exceso respecto de sus derechos sucesorios. Dicho exceso no se adquiriría a título hereditario, sino, en su caso, a título de donación.
Por el contrario, si resultara aplicable la regla contenida en el último párrafo del artículo 814 del Código Civil, según la cual, «a salvo las legítimas tendrá preferencia en todo caso lo ordenado por el testador», como sostiene la notaria autorizante, corresponderían al cónyuge viudo, a título hereditario, el tercio de libre disposición y el usufructo del tercio de mejora; existiendo, pues, en la adjudicación hecha en la escritura, un defecto de adjudicación.
b) necesidad de declaración de herederos abintestato.
Debe resolverse asimismo si, para inscribir la partición, es necesaria la previa declaración de herederos abintestato del causante, como sostiene la registradora, o si basta el consentimiento de los legitimarios preteridos para convalidar el testamento y dotar de eficacia a la partición. Con el fin de facilitar la exposición y resolución del recurso, se examinará en primer término la necesidad de la declaración de herederos abintestato. A continuación, se abordará la inscribibilidad de una partición hereditaria que, según el criterio de la registradora, no se ajusta a ninguno de los supuestos regulados en el Código Civil para la preterición intencional de todos los hijos y descendientes.
3. Con relación a la segunda cuestión planteada en el presente recurso, hay que decir que la misma guarda gran similitud con la que dio lugar a la Resolución de esta Dirección General de 4 de mayo de 1999, cuya doctrina resulta plenamente aplicable al presente caso.
Así, afirma la citada Resolución de 4 de mayo de 1999: «(…) 2. Ciertamente es doctrina reiterada tanto del Tribunal Supremo como de esta Dirección General (vid. sentencias de 27 de mayo de 1909, 7 de noviembre de 1935; Resoluciones de 20 de mayo de 1948, 30 de junio de 1910, 31 de enero de 1913, 10 de mayo de 1950 y 14 de agosto de 1959), que si bien la preterición de alguno de los herederos forzosos en línea recta determina la nulidad de la institución de heredero, la cual podría ser acordada por los Tribunales cuando los herederos instituidos sostengan su validez, nada se opone a que éstos reconozcan a los preteridos la porción que les corresponda y puedan convenir con ellos no impugnar la partición hereditaria, y en distribuir y adjudicar los bienes en la proporción que legítimamente les hubiera correspondido, si se hubiere abierto la sucesión intestada, por lo que no cabe rechazar la inscripción de la partición en esta forma efectuada, bajo el supuesto de no poder concederse validez legal al testamento que lo origina, pues «los interesados pueden de común acuerdo prescindir de las disposiciones testamentarias y crear una situación jurídica de plena y absoluta eficacia», y, por otra parte, con tal proceder se subsana el descuido o imprevisión del testador, se acata e interpreta racionalmente su institución presunta, se salvaguardan los derechos de los legitimarios y se evitan dilaciones y gastos que pueden consumir buena parte de la propia herencia (…)».
4. También este Centro Directivo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión ahora planteada, aunque desde una perspectiva distinta, cuando el propio notario autorizante entendía que el testamento había quedado sin efecto como consecuencia de la preterición no intencional de todos los hijos y descendientes.
Los razonamientos expuestos entonces resultan plenamente trasladables al presente caso. Así se recoge en la Resolución de 2 de agosto de 2018, que, a su vez, reproduce los argumentos contenidos en la Resolución de 13 de septiembre de 2001, cuya doctrina procede ahora reiterar: «(…) 3. La cuestión por decidir es, por tanto, si en el caso en que el único testamento del causante hubiere sido otorgado antes del nacimiento de todos sus hijos y descendientes, puede considerarse que éste queda automáticamente ineficaz en cuanto a su contenido patrimonial, sin necesidad de declaración judicial en tal sentido, de modo que el acta notarial de declaración de herederos pasará a ser el único título que ha de considerarse al tiempo de la partición hereditaria o si, por el contrario, se precisará la previa declaración judicial de ineficacia del contenido patrimonial del testamento existente. La primera consideración a tener en cuenta, es que el Código Civil prevé, para el caso de preterición no intencional de todos los hijos o descendientes, la “anulación” de las disposiciones patrimoniales testamentarias, y este término –con independencia de las dificultades de trasponer al ámbito testamentario, los conceptos de nulidad y anulabilidad acuñados por la doctrina para el ámbito contractual– apunta claramente a la necesidad de impugnación del testamento que incurra en tal defecto, si se quiere dejar sin efecto, lo cual, armoniza perfectamente con la evolución institucional favorable a la absorción del ius discendi nullum por la querella inofficiosi testamenti. En segundo lugar, habrá de observarse que el artículo 814 del Código Civil, al declarar la anulación de todo el contenido patrimonial del testamento que incide en preterición no intencional de todos los hijos o descendientes, no hace distinción de supuestos, de modo que el significado que se atribuya al termino anulación deberá aplicarse a todos, y es evidente que para muchos de ellos resulta incuestionable que la ineficacia de ese contenido patrimonial del testamento precisará, a falta de conformidad de todos los afectados, una previa declaración judicial que, tras un procedimiento contencioso incoado por el preterido, proclame la no intencionalidad. En tercer lugar, el principio constitucional de salvaguarda judicial de los derechos (cfr. art. 24 de la Constitución Española), en conjunción con el valor de Ley de la sucesión que tiene el testamento formalmente válido (cfr. art. 658 del Código Civil), más parece avalar la necesidad de una declaración judicial para privar de efectos a un testamento que no incurre en caducidad ni en vicios sustanciales de forma, que la solución contraria. En el mismo sentido militan: a) la excepcionalidad de los efectos de la preterición no intencional de hijos y descendientes, frente a la regla general que concreta los efectos de la preterición a la salvaguarda de la legítima; b) el propio inciso final del artículo 814 del Código Civil, que, en armonía con el 658 del mismo texto, dispone que sin perjuicio de legítimas, lo ordenado por el testador debe quedar a salvo en todo caso; c) la indudable posibilidad de renuncia a la acción de preterición por el perjudicado, o la posibilidad de éste de alcanzar un acuerdo transacional con los favorecidos por tal testamento que permita sostener su eficacia.
4. Frente a las consideraciones anteriores podría argumentarse que en determinadas hipótesis extremas de preterición no intencional de todos los hijos o descendientes (por ej.: la postumidad del único hijo del testador), la necesidad de una declaración judicial previa para privar de efectos a las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial, resultará una solución excesiva por sus costes, dilaciones y multiplicación de tramites en la ordenación del fenómeno sucesorio. Mas con ser ello cierto, habrá de reconocerse lo dudoso que resultaría el prescindir en tales casos de la pertinente declaración judicial para ignorar el contenido patrimonial inherente a ese testamento, pues ello sería tanto como aproximar el tratamiento de tales supuestos al de caducidad de esas disposiciones testamentarias, lo cual sobre carecer de justificación legal, a la vista de cuanto se ha señalado, conculcaría el claro mandato contenido en el artículo 743 del Código Civil y sin que quepa alegar, para evitar esta objeción, que se trataría de una simple nulidad de pleno derecho, pues ni el termino anulación del art. 814 del Código Civil se compadece con la nulidad radical o con la inversión de la carga de la iniciativa procesal que comporta, ni esta figura encajaría en los supuestos debatidos, en los que no hay inobservancia de requisitos formales esenciales (cfr. art. 687 del Código Civil), ni vulneración de preceptos prohibitivos o imperativos (cfr. art. 6 del Código Civil)».
En base a todo lo anterior, la Resolución de 13 de septiembre de 2001 concluyó: «(…) Por todo lo expuesto habrá de concluirse que en el caso debatido, no podrá prescindirse, sin consentimiento de los beneficiarios, o sin la pertinente declaración judicial de ineficacia, del testamento cuestionado a la hora de formular la partición, y ello sin necesidad de prejuzgar ahora si en el pleito consiguiente la carga probatoria corresponde a la que alega la intencionalidad de la preterición, o, dada la significación de la no revocación del testamento, al que pretenda su ineficacia».
En conclusión, la preterición no intencional de todos los hijos o descendientes prevista en el artículo 814 del Código Civil determina que «se anularán las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial», pero tal ineficacia no puede hacerse valer extrajudicialmente prescindiendo sin más del testamento formalmente válido.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo, al referirse a la naturaleza de la acción de preterición, explica que la ineficacia derivada del artículo 814 del Código Civil no debe entenderse como nulidad radical estructural, lo que refuerza la idea de que no estamos ante una nulidad automática apreciable sin más en cualquier sede (vid. Sentencias del Tribunal Supremo número 695/2014, de 10 de diciembre, y 492/2019 de 25 de septiembre). Habiendo acuerdo expreso de todos los interesados –heredera instituida y legitimarios preteridos–, no será necesario que la preterición se declare judicialmente, ni que se proceda a otorgar la correspondiente declaración de herederos ab intestato, bastando con que concurran todos los herederos y preteridos a la partición.
5. Resuelta la cuestión relativa a la innecesariedad de otorgar la correspondiente declaración de herederos abintestato, resta únicamente determinar si puede rechazarse la inscripción de la partición por no ajustarse el reparto a lo previsto en el artículo 814 del Código Civil para el supuesto de preterición no intencional de todos los hijos y descendientes, ya sea al párrafo segundo, apartado primero –«si resultasen preteridos todos, se anularán las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial»–, ya su último inciso –«a salvo las legítimas tendrá preferencia en todo caso lo ordenado por el testador»–.
Admitida la eficacia del título sucesorio y al no poder hacerse valer extrajudicialmente su eventual ineficacia, la cuestión relativa a la forma en que han de repartirse los bienes de modo más conforme con la voluntad pretendida del testador queda comprendida en el ámbito propio de la interpretación testamentaria. En cuanto a la interpretación de las disposiciones testamentarias, procede recordar la reiterada doctrina de este Centro Directivo, recogida, entre otras, en la reciente Resolución de 3 de marzo de 2026, que resume las pautas interpretativas aplicables cuando un testamento admite diversas interpretaciones.
Habiendo interpretado de consuno el testamento todos los interesados en la sucesión, nada se opone a que reconozcan a los preteridos la porción que les corresponda y convengan con ellos la distribución y adjudicación de los bienes en la forma que consideren más ajustada a la voluntad del testador. Por ello, no cabe rechazar la inscripción de la partición así efectuada, máxime cuando los interesados podrían incluso, de común acuerdo, prescindir de las disposiciones testamentarias y crear una situación jurídica de plena y absoluta eficacia. No es esto último, sin embargo, lo que han hecho en el presente caso, en el que se han limitado a interpretar la que, a su juicio, fue la voluntad del testador, respetando en todo caso los derechos de los legitimarios; cfr. Resoluciones de este Centro Directivo de 2 de agosto de 2018, 28 de septiembre y 19 de noviembre de 2020 y 27 de febrero de 2025, entre otras.
En este sentido, la viuda recibe más de lo que le correspondería por legítima y, por tanto, más de lo que habría recibido si los hijos hubieran pretendido, al amparo del artículo 814.1 del Código Civil, la anulación de las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial: en concreto, recibe más que el usufructo del tercio de mejora. A su vez, los hijos reciben más de lo que estrictamente les corresponde por legítima, esto es, dos terceras partes de la herencia, sin que sobre ellas pese el usufructo del tercio de mejora.
Además, no debe olvidarse que, al estar la viuda necesitada de apoyos, la partición se ha realizado con la correspondiente aprobación judicial, previo informe del Ministerio Fiscal, que no se opuso ni a la autorización para aceptar la herencia ni a la aprobación de las operaciones particionales; precisamente por entender que los derechos de la viuda necesitada de apoyos habían quedado suficientemente amparados.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 31 de julio de 2026.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez.

